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Inicio - Sala de Prensa - Junio 2009 - Discurso 03/06/09

Discurso

INTERVENCIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP), ELIZABETH YÁÑEZ ROBLES, DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA “HONESTIDAD” DEL CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN

México, D.F., a 3 de junio de 2009

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Muy buenos días;

Licenciado Salvador Villalobos;

Doctora Gabriela de la Riva;

Licenciado Arturo del Castillo;

Estimados miembros de la prensa;

Damas y caballeros:

Es un honor estar con ustedes por segundo año consecutivo, en representación del titular de la Secretaría de la Función Pública, el contador público Salvador Vega Casillas.

De nueva cuenta, la invitación del Consejo de la Comunicación me da la oportunidad de constatar, como actor y testigo, el reconocimiento e impulso que el titular del Ejecutivo da a las acciones y proyectos de los distintos sectores sociales que permitan coadyuvar en la creación de una nueva cultura de la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Quiero reconocer el trabajo que se ha realizado, con la información que se nos ha presentado esta mañana, y quiero retomar uno de los puntos que mencionó la doctora De la Riva, que decía que las encuestas lo primero que generan es una reflexión.

Yo les quisiera dejar a ustedes el que hiciéramos una reflexión de esta información que hemos visto, porque nos determina muy claramente --y ahí es donde quiero iniciar mi plática-- que este es un problema nacional, que es un problema de trabajo conjunto sociedad-gobierno; que de no hacerse esa coordinación y esa alianza de manera permanente, sólida, robusta, no vamos a avanzar con este grave problema.

En la Secretaría de la Función Pública estamos convencidos, como lo ha manifestado en diversos momentos nuestro titular, que con la corresponsabilidad y la participación de la sociedad, se puede mejorar y construir una administración pública vigorosa, eficaz y eficiente, en donde el ciudadano pueda tener la plena confianza de que los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, y de una cultura de la legalidad, son los principios básicos y rectores de esta nueva gestión institucional que actualmente ha venido desarrollando y consolidando la Secretaría de la Función Pública.

La sociedad civil organizada y el gobierno federal debemos tener presente que el objetivo principal de nuestro esfuerzo concatenado debe ser consolidar la cultura de la legalidad, ya que sin esta no habrá contraloría capaz de  supervisar todas las transacciones gobierno-ciudadanos, ni vigilancia suficiente que garantice la honestidad de los funcionarios públicos, los empresarios y los propios ciudadanos.

En este sentido, me llena de gusto saber que este año el Consejo de la Comunicación relanza su campaña “Honestidad”, la cual busca generar un cambio de actitud hacia los actos deshonestos, y concientizar a la sociedad de que un delito grande comienza con uno pequeño, idea con la que no puedo estar más de acuerdo.

En este contexto, voy a repetir la misma verdad que dije el año pasado, y es la misma que digo en todos los foros donde participo: La corrupción mata. Mata cuando una empresa soborna para obtener permiso de comercialización de carne vacuna, no apta para el consumo humano. Mata cuando la autoridad permite la construcción de carreteras con niveles ínfimos de calidad.

El combate a la corrupción no es un asunto sencillo: exige disciplina de autoridad y ciudadanos. Para desincentivar la corrupción es indispensable que se perciba como alta la probabilidad de que se imponga una sanción, pero también que los individuos valoren como socialmente indeseable la transacción corrupta.

Y es aquí donde esfuerzos como el que nos reúne el día de hoy una vez más resultan alentadores y apreciables.

A todos: empresarios, funcionarios, medios de comunicación, estudiantes y obreros, nos debe preocupar la calificación que ha alcanzado históricamente el índice de percepción de corrupción construido por Transparencia Internacional, el cual sitúa a México en niveles de corrupción estructural o sistemática.

Los resultados del índice de Percepción de Corrupción para 2008 muestran, una vez más, que estamos en una situación de estancamiento en los niveles de corrupción. En 1998 fue 3.3; en el 2001 fue 3.7; en el 2005, 3.5; y el año pasado 3.6.

Como saben, la corrupción sistemática afecta la competitividad de la economía, ya que introduce costos adicionales a la corrupción y a las transacciones. Lo podemos ver, coincide con la información que nos dieron.

¿Cómo afecta a las Mypimes? O sea a las micro y pequeñas empresas, De acuerdo a un estado en donde se hizo un estudio, elaborado en el 2005, mostró que la merma que tenía este tipo de empresas por problema de fraudes es del dos por ciento del PIB, y la corrupción que experimentan suponía un costo cercano al 4.5 por ciento del PIB.

En la medida en que altera las condiciones de competencia entre los agentes económicos, beneficiando a los que tienen más recursos o cuentan con mayores nexos con funcionarios corruptos. La economía en un contexto de corrupción sistemática no retribuye la creatividad empresarial, o la iniciativa, o el mérito personal, sino aquello que dispone de la capacidad para adquirir beneficios o privilegios fuera de la ley.

En este contexto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para informarles que el pasado jueves 28 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como del Código Penal Federal.

Dicho decreto aportará varios beneficios en materia de contrataciones públicas, como por ejemplo --y aquí va con la información que nos dieron de las empresas--  el objetivo que tenemos nosotros es reforzar la inversión del gobierno, de acotar los espacios para la corrupción, de dar mayor transparencia y mayor certeza jurídica a todos los proveedores del gobierno.

A fin de agilizar el ejercicio del gasto se aprobaron las siguientes medidas, sólo como ejemplo: se dará agilidad a los procesos al eliminar trámites de autorización para emitir convocatorias y se permitirá licitar con mayor rapidez; se reducen los plazos para la resolución de inconformidades; se permiten mecanismos ágiles y novedosos para dirimir los conflictos; se permitirá adjudicar proyectos después de declararse desierta la primera licitación; y durante este año se efectuarán de licitación pública los proyectos de infraestructura con mano de obra intensiva.

Estos sólo son unos cuantos ejemplos de una modificación integral, realizada a las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública, las cuales son reformas que tienen el objetivo de disminuir los espacios de opacidad, lugar donde suele anidar el huevo de la corrupción.

El gobierno federal ha encaminado su estrategia bajo la premisa de que un gobierno honesto sólo es posible si paralelamente y en forma interrelacionada a la implementación de acciones y mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, y cultura de la legalidad, se ponen en marcha políticas que estén orientadas a la mejora de la gestión pública.

Es para ello que la Secretaría de la Función Pública está ejecutando, entre otras medidas, la promoción del uso de nuevas tecnologías, el establecimiento de sistemas de medición y evaluación del desempeño, la modernización de las estructuras administrativas, la vinculación con empresas y organizaciones no gubernamentales, la participación de la sociedad civil en la consecución de los objetivos, el desarrollo de recursos humanos, con énfasis en la integridad, el profesionalismo, y el acceso a la información pública.

La estrategia integral de combate a la corrupción del gobierno federal retoma las ideas de modernización de la Administración pública, adaptándolas a las necesidades de un nuevo contexto político, económico y social en México, de tal forma que estas transformaciones institucionales respondan a las demandas y necesidades más reiteradas por parte de la ciudadanía.

Esta estrategia se encuentra plasmada en las modificaciones integrales a las leyes ya mencionadas, pero también en el Programa Especial de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal 2008-2012 y en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, cuya coordinación dentro de la Administración Pública Federal es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública.

Estos dos programas consideran la instrumentación de acciones y mecanismos que tienden a fortalecer el principio de una gestión pública eficiente, eficaz y de calidad, con un rostro más amable y de mayor cercanía a las necesidades de la gente, buscan sintetizar y consolidar un gobierno honesto eficiente y transparente, donde el eje transversal sea la rendición de cuentas como el mejor mecanismo para prevenir y combatir la corrupción dentro de las instituciones públicas.

El gobierno federal está trabajando para recobrar la confianza de la sociedad, poniendo en marcha acciones que modernizan y hacen eficiente el ejercicio de la Función Pública, a través de la simplificación de trámites y de mejoras en los servicios públicos.

De los instrumentos, mecanismos y mejores prácticas que el gobierno está fortaleciendo, en corresponsabilidad con la sociedad, podemos señalar los Testigos Sociales, el Usuario Simulado, los Portales de Transparencia, la contraloría social, el Blindaje Electoral, las Cartas Compromiso, el Compranet, el monitoreo ciudadano, así como las recomendaciones de las Convenciones Anticorrupción de la ONU, la OEA y OCDE, que estamos atendiendo, y las campañas de sensibilización de Cineminutos.

En el contexto de la corresponsabilidad con la ciudadanía y el resto de la Administración Pública Federal, en la Secretaría de la Función Pública realizamos el concurso El Trámite más inútil y ejecutamos el proyecto de Diez Instituciones, así como el Acompañamiento Preventivo, el cual tiene el objetivo de estar trabajando junto con las instituciones dentro de los programas o de las licitaciones de mayores montos o mayor complejidad, de tal forma que desde el inicio de todo el análisis, la planeación de las licitaciones podamos estar monitoreando y revisando que no se direccionen, y que en ningún momento atenten contra la legalidad de dicha licitación.

Además, como otras acciones en materia de combate a la corrupción, también hemos logrado el Acuerdo de Coordinación de la Secretaría de la Función Pública con la Secretaría de Educación Pública, por una cultura de la legalidad, la Comisión Ejecutiva de Cultura de la Legalidad que hace un acuerdo de trabajo conjunto de los contralores estatales y los secretarios de Educación, de los estados con la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación Pública, el Servicio Profesional de Carrera y la Transparencia Focalizada.

Ahora bien en el rubro específico de la Atención Ciudadana, el Presidente Felipe Calderón está muy comprometido en atender la necesidad manifestada por los ciudadanos, una atención cálida y eficiente, por eso nos está pidiendo ponernos en los zapatos de los ciudadanos y esto implica dar una respuesta adecuada, así como satisfacer las complejas y cambiantes necesidades y expectativas de la sociedad contemporánea, en pocas palabras, es rescatar la dignidad y los derechos de los ciudadanos.

En este sentido, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad hemos integrado el sistema de atención y participación ciudadana que considera acciones concretas para darle respuesta a la ciudadanía, este sistema tiene la perspectiva de que a la ciudadanía se le brinden trámites y servicios de una manera digna, cálida y eficaz e implica poner a su alcance diversos mecanismos para que expresen cuando dichos servicios no contengan las cualidades descritas, además de denunciar actos de corrupción y a quienes los propician; es decir, da el poder al ciudadano para que no se calle y esa voz se traduzca en un insumo de información de importancia prioritaria.

En ocasiones anteriores les he informado que en la Secretaría contamos con un área que se encarga de recibir y registrar a través de los medios de contacto habilitados la información que el ciudadano proporciona para la formulación de los diversos tipos de atenciones peticiones ciudadana que atendemos, dichos medios de contacto son el 01800 FUNCION, que es una larga distancia gratuita para el interior de la República, el 1800 475 2393, gratuito para los Estados Unidos de América y el 20002000 para la zona metropolitana de la Ciudad de México que tiene una cobertura de 24 horas 365 días; para habilitar más medios de comunicación y contacto, se acordó con Presidencia de la República y está en proceso la homologación para que todas las dependencias y entidades tengan habilitado un correo electrónico que se llama contactociudadano@ y el nombre de la dependencia y entidad.

En este tema me gustaría compartirles el contexto general de un proyecto que hemos desarrollado llamado centros de contacto ciudadano, nosotros en la Secretaría de la Función Pública, definimos a un centro de contacto ciudadano como el lugar físico o virtual en el que las instituciones de manera permanente o eventual brindan bienes, trámites y servicios a la ciudadanía bajo un enfoque de integralidad, lo que estamos buscando es que todas las instituciones de la Administración Pública Federal homologuen la imagen de aquella área donde van a poder, vamos a decir, dirigirse a todos los ciudadanos que de manera muy fácil les permite identificar cuál es esa área que está preparada y lista,  para recibir cualquier denuncia, cualquier queja, cualquier necesidad, petición, acceso a la información, etcétera.

En relación a la implementación de acciones que permitan detectar y sancionar las solicitudes de dádivas o extorsiones, y aquí quiero volver a mencionar una cifra que se manejó en la presentación que nos hicieron, es que el 86 por ciento de los fraudes se cometían a nivel de mandos medios y mandos operativos, estos es sumamente importante porque el usuario simulado, el objetivo que tiene es atacar aquel ámbito de corrupción que más afecta a la sociedad aunque los montos no sean tan grandes es el funcionario que todos los días le está pidiendo algo al ciudadano para un trámite, para corregir un recibo de luz, para otorgarle un apoyo del gobierno federal del cual el ciudadano tiene derecho y así podríamos estar mencionando una serie de ejemplos que se dan.

En relación a la implementación de acciones que permitan detectar y sancionar las solicitudes de dádivas o extorsiones en dinero o en especie por parte de los servidores públicos federales o ciudadanos usuarios de los servicios a ciudadanos usuarios de los servicios al momento de que realizan un trámite, se ha venido aplicando de manera permanente la estrategia de usuario simulado, la cual con servidores públicos  encubiertos y la participación de los ciudadanos afectados ha realizado operativos que permiten evidenciar las conductas irregulares en que incurren algunos servidores públicos, que pueden derivar en responsabilidades de tipo administrativo o penal. En este contexto déjenme proporcionarles, algunos datos de enero de 2008 a la fecha se han efectuado 21 operativos, para combatir la corrupción a este nivel podríamos nosotros iniciar más usuarios simulados si tuviéramos mayor número de denuncias y mayor corresponsabilidad de la ciudadanía, esta es una herramienta que la tenemos que aplicar en conjunto con el ciudadano afectado, porque en el momento que nos denuncian la propuesta de entregar dinero, nosotros nos ponemos de acuerdo con el ciudadano y Atendemos la solicitud que hace el funcionario para poderlo tomar, ahora sí, que actuar in fraganti junto con el Ministerio Público.

Sí les puedo decir que de todos los casos que hemos puesto de usuario simulado, todos han sido positivos, todos han sido exitosos, definitivamente ojalá, ojalá y tuviéramos muchísimos más ciudadanos que estuvieran dispuestos a participar con nosotros porque desgraciadamente muchas veces llegan y nos denuncian y a la hora que los invitamos a hacer este operativo no están dispuestos a colaborar con el gobierno.

Estas actuaciones que hicimos se derivaron en 19 actas administrativas en contra de 24 servidores públicos por haber cometido diversas irregularidades administrativas.

A la fecha estos casos están en procedimiento de responsabilidades en los órganos internos de control respectivos en donde determinarán el tipo de sanción a aplicar de acuerdo a la falta cometida y en todos estos casos les puedo decir que en la acción de la entrega del dinero como se hace en coordinación con el Ministerio Público, al funcionario público se le detiene y ya queda en manos del Ministerio Público.

En este orden de ideas se han realizado a la fecha 73 denuncias penales tanto en casos de usuario simulado como en expedientes de investigación contra servidores públicos por la presunta comisión de delitos.

Como pueden apreciar con toda claridad en la Secretaría de la Función Pública nos sumamos con gusto a este importante esfuerzo del Consejo de la Comunicación, en especial a la campaña de honestidad, en la cual queda de manifiesto, que sociedad y gobierno comparten un mismo objetivo en temas de cultura de  legalidad, honestidad y combate a la corrupción.

Como Secretaría de la Función Pública tenemos la convicción de acotar al máximo la impunidad que generan los actos de  corrupción, y romper así el círculo vicioso que nubla el correcto proceder que el servicio público demanda y el ciudadano exige.

Y si quisiera también, hacerles un comentario que también, ahorita que  estaba oyendo la presentación, me vino a la memoria y se lo comentaba a Salvador, en el aspecto de que yo en una ocasión recibí a un grupo de empresarios que venían a denunciar una supuesta direccionamiento de una licitación que nos pedían que nosotros investigáramos con respecto a los funcionarios corruptos, a mi lo que me llamó mucho la atención de esto, creo que es importante la conciencia, es que durante la denuncia que estaban poniendo estos empresarios, en tres o cuatro ocasiones me manifestaron que querían ellos que quedara muy claro, que la denuncia iba en contra del funcionario, que de ninguna manera era una denuncia en contra de los empresarios.
A lo que yo, a la cuarta vez que me lo dijeron, les dije, ok les dije de acuerdo, yo nada más les hago una pregunta, si ustedes no quieren denunciar a los empresarios es porque ustedes consideran que es correcto lo que están haciendo y que están totalmente de acuerdo que ellos estén llevando la adjudicación de contratos que ustedes deberían ganar, entonces no entiendo qué están haciendo sentados aquí, porque para que haya un acto de corrupción está el funcionario que direcciona pero está el empresario que le está pagando al funcionario para quedarse con una licitación de manera ilegal que no permite la competencia y que no permite el crecimiento de los empresarios honestos y comprometidos con este país.

Entonces, creo que es un compromiso mutuo de trabajo conjunto para entender que la cultura de la legalidad exige a todos, México no va a poder avanzar si no entendemos que el estado de derecho es el valor más importante que debe de buscar este país.

Con la corresponsabilidad y participación de la sociedad se puede mejorar y construir una administración pública vigorosa, eficaz, y eficiente en donde el ciudadano pueda tener la plena confianza de que los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y de una cultura de legalidad, son los principios básicos y rectores de esta nueva gestión institucional que actualmente ha venido desarrollando y consolidando la Secretaría de la Función Pública.

El desafío que nos presenta la corrupción y sus mil caras es abatible, cómo; con una correcta y creativa gestión de la política pública que emprendemos en la Administración Pública Federal, aunada a la participación y denuncia ligada a una fuerte convicción social de ofrecer un futuro mejor a las nuevas generaciones.

Como lo mencioné el año pasado, poner un alto a la corrupción no es sólo perseguir y sancionar a aquellas personas que han sido señaladas y probadas de haber incurrido en prácticas corruptas, para el Gobierno Federal, combatir intensamente la corrupción se ha instituido como una medida para generar igualdad de oportunidades y al mismo tiempo aumentar la eficacia transformadora de las instituciones públicas en una realidad social.

Esta tarea recibe forzosamente una revisión crítica constructiva y permanente de cómo estamos funcionando desde dentro, cerrar espacios a la corrupción con enfoque preventivo implica varios factores, mejorar los procesos de prestación de trámites y servicios públicos no sólo con un enfoque de modernización y tecnología sino de simplificación y sencillez que cancele espacios a la discrecionalidad, pero sobre todo requiere esfuerzos de los ciudadanos, el esfuerzo que implica hacer las cosas de manera legal y no a través de sobornos, el esfuerzo que requiere denunciar a los funcionarios corruptos y finalmente el esfuerzo que implica trabajar con espíritu solidario para el mejoramiento de nuestro país, hagámoslo todos, nuestros hijos lo merecen.

Muchas gracias.

 

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