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Inicio - Sala de Prensa - Marzo 2009 - Discurso 24/03/09

Discurso

MENSAJE DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SALVADOR VEGA CASILLAS, DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE VIGILAR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DE 2009

México, D.F., a 24 de marzo de 2009

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Muchas gracias, buenos días. Diputado Antonio Soto Sánchez, le agradezco mucho la invitación.

Señores y señoras diputadas.

En el contexto del régimen de división de poderes que tiene nuestra Constitución y en cumplimiento de las obligaciones que me corresponden de acuerdo a  la misma ley, acepto con mucho gusto esta invitación que me han hecho a esta comisión para tener esta reunión de trabajo.

Y celebro que también que sea una oportunidad valiosa para privilegiar el diálogo constructivo y la colaboración respetuosa entre los Poderes de la Unión.

Considero también propicio reafirmar, ante este órgano legislativo, que el Ejecutivo Federal tiene un compromiso profundo e indeclinable con la ética, la integridad y la rendición de cuentas como principios fundamentales de su gobierno.

Estamos ante la inminencia de un proceso electoral fundamental en nuestra vida democrática. Este año se van a celebrarán procesos electorales en los que se renovarán mil 549 puestos de elección popular en el ámbito municipal, estatal y federal. Menos de una tercera parte de esos puestos corresponden al ámbito federal, por lo que estamos ante un proceso que es de carácter nacional.

Son tiempos de desafío que pondrán a prueba nuestra capacidad como gobierno federal para que, conjuntamente con los demás Poderes de la Unión, asegurar el imperio de la Ley y la vigencia de una sólida ética democrática.

Ahora, más que nunca, debemos generar certidumbre en la ciudadanía de que el gobierno de la República fortalecerá la vigilancia en los programas de gobierno, de tal forma que se cumplan estrictamente con su destino social, que no existan desvíos, manipulaciones o manejos arbitrarios.

Debemos ser intolerantes ante cualquier forma de corrupción que, además de lesionar la integridad del servicio público, rompa las reglas de equidad y de ética del proceso electoral.

Y por ende, evitar que en los procesos electorales los recursos públicos, ya sean materiales, financieros o humanos, sean utilizados a favor o en contra de algún candidato o partido político.
El pasado 9 de diciembre, en el marco del Día Internacional Anticorrupción, el presidente Felipe Calderón presentó el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, que establece el combate a la corrupción como una propuesta de política pública del Estado mexicano, que ataca sus causas y no solamente sus síntomas.

Este programa contempla al Blindaje Electoral como uno de sus principales objetivos.

El Blindaje Electoral entendido como el conjunto de acciones que el gobierno está realizando para garantizar que en un contexto de procesos electorales, todos los recursos públicos y programas sociales sean administrados de forma transparente, sin fines político-electorales.

En este sentido, en el mes de enero de 2007, todas las dependencias y entidades del gobierno federal suscribieron el “Acuerdo de Bases de Colaboración en materia de Blindaje Electoral” en el que, entre otras acciones, establece:

  1. La prevención de faltas administrativas, así como de delitos cometidos por servidores públicos en contextos electorales.
  2. El Blindaje Electoral se convierte en un programa de carácter permanente, que no sólo aplica durante procesos electorales federales, y que estará vigente, con independencia de la cercanía o no de las elecciones.
  3. Se involucra a los gobiernos estatales mediante acuerdos de coordinación, con el fin de proteger los procesos electorales locales y
  4. Sin dejar de lado la protección de los programas sociales, el blindaje electoral busca cuidar toda la actividad del gobierno y evitar que se utilicen sus recursos para influir en las elecciones.

Este acuerdo aplica sin excepción a todas las instituciones de la Administración Pública Federal y establece acciones específicas para aquellas que cuentan con delegaciones, oficinas regionales u otras similares en los estados.

Quiero hacer algo de historia para poner en perspectiva dónde nos encontramos.

Desde la firma del primer convenio de Bases de Colaboración, que suscribieron nueve secretarías de Estado el 13 de mayo de 2003, hasta ahora, hemos alcanzado metas y objetivos que han ayudado enormemente a asegurar la transparencia y la equidad en las elecciones y que han acompañado a otras transformaciones que, en muy poco tiempo, han cambiado a México.

Por mencionar algunas de estas transformaciones que hemos visto desde mayo de 2003, está la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia; la creación del IFAI y de los sistemas SISI e INFOMEX, que son para solicitudes de información; la reciente reforma al artículo 6° constitucional, que homologa los criterios de acceso a la información en todos los poderes y órdenes de gobierno; y la también reciente reforma al artículos 73° constitucional; y la aprobación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que permitirán facilitar el registro y la fiscalización de ingresos, egresos, pasivos y activos de los tres Poderes de la Unión, así como de las gubernaturas de los estados, la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, municipios y delegaciones, fortaleciendo la rendición de cuentas.

En esta reforma se establecen las bases para una contabilidad gubernamental uniforme y para una presentación homogénea de la información financiera y presupuestal.

Esto para poner en contexto también que los gobiernos cada día cuentan con mayores elementos de revisión para temas que tienen que ver con el blindaje electoral.

Quiero informar a esta Soberanía que ya hemos iniciado los trabajos del Programa de Blindaje Electoral del 2009 con la coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Fepade, en donde se establece una agenda que abarca el antes, durante y después del proceso electoral, dirigida a acciones preventivas hacia la Administración Pública Federal, --referidas principalmente a un control interno así como a la difusión de actividades--, y acciones preventivas para programas sociales --esto es: transparentar el uso y aplicación de los programas sociales, así como informar a sus beneficiarios sobre la forma de obtener estos beneficios y su no condicionamiento con fines electorales--.

Asimismo, no puedo omitir la colaboración que la secretaría ha hecho con la Fepade para establecer acciones categóricas para evitar actos de corrupción en las entidades federativas con procesos  electorales.

En el periodo de 2007 - 2008, hemos suscrito 19 convenios con Ejecutivos estatales, con gobiernos de los estados y el Acuerdo por el que se establecen las Bases para el Fortalecimiento de las Acciones de Prevención, Atención, Seguimiento y Sanción de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de Delitos Electorales.

Estos Acuerdos establecen una agenda de acciones conjuntas, orientadas a garantizar el correcto uso de los recursos públicos federales en contextos electorales, así como a la mejora continua del desempeño del servicio público.

A través de bases de colaboración contenidas en este Acuerdo, estamos promoviendo estrategias específicas para prevenir que los servidores públicos vulneren la equidad en los procesos electorales que se avecinan.

Nuestra labor, como órganos de control, es asegurar que ningún servidor público local o federal, abusando de las facultades que le confiere su cargo, utilice los recursos del Estado para favorecer intereses partidarios.

Debemos ser intolerantes ante comportamientos que alteren  la libre expresión de la voluntad política de los ciudadanos.

En estos instrumentos hemos convenido una serie de medidas de difusión, atención y seguimiento, con el claro propósito de que los propios ciudadanos vigilen la actuación de los servidores públicos.

Uno de los compromisos que la Secretaría de la Función Pública establece, y hace especial énfasis con los gobiernos estatales, está directamente referido al tema de las denuncias.

Nos hemos propuesto facilitar la denuncia de actos que puedan constituir responsabilidades administrativas o bien delitos electorales, para aumentar la eficacia sancionadora, pero también y sobre todo, para inhibir mejor la conducta indebida.

A través de este Acuerdo, ponemos en marcha esquemas de coordinación para facilitar la denuncia de actos que puedan constituir responsabilidades administrativas o delitos electorales.

Removemos obstáculos y trámites, en el entendido de que en el ciudadano no debe recaer la carga de identificar a qué autoridad corresponde sancionar tal o cual conducta.

Desde estos instrumentos, el ciudadano no tendrá más que acercar los hechos y los elementos de prueba a su alcance y las autoridades federales y locales, juntos, haremos el resto.

Está a disposición de todos los ciudadanos el número telefónico con Lada nacional gratuita: 01 800 FUNCION o 01 800 38 62 466 en sus dígitos. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año, recibiendo las denuncias contra servidores públicos que participen en actos de ilegalidad.

Como parte de los compromisos específicos que contienen este Acuerdo, destacan los siguientes:

  • Organizar talleres de capacitación y actualización en materia de responsabilidades administrativas y delitos electorales, para servidores públicos;
  • Organizar talleres y sesiones informativas para usuarios y beneficiarios de programas y servicios;
  • Impulsar campañas de difusión conjuntas para incentivar la participación ciudadana y prevenir la comisión de delitos electorales federales y de responsabilidades administrativas.

En caso de programas sociales, se establecen acciones específicas para blindar la entrega de recursos y beneficios para evitar la coacción del voto.

Uno de los mecanismos que contribuye a lograr la participación ciudadana en procesos electorales es la contraloría social, ya que tiene como propósito la vigilancia de los recursos públicos para el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas.
 
Con la finalidad de promover la contraloría social en los procesos electorales, en los lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas de desarrollo social, la Secretaría de la Función Pública estableció que los servidores públicos responsables de la ejecución de los programas federales deben proporcionar, entre otra, la siguiente información:

  • Las características generales de las obras y acciones que contempla el programa federal, así como su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega;
  • Los tipos y montos de apoyos económicos o en especie, o servicios que ofrece el programa federal a los beneficiarios;
  • Los requisitos para elegir a los beneficiarios;
  • Los derechos y obligaciones de los beneficiarios;
  • El padrón de beneficiarios de la localidad y los medios institucionales para presentar quejas y denuncias; y otros procedimientos para realizar las actividades de contraloría social

Por su parte, en los Comités de Contraloría Social, integrados por los beneficiarios de los programas de desarrollo social, destaca como parte de sus actividades la verificación de que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal.

El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios y que este sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido a la normatividad aplicable; que se difunda el padrón de beneficiarios;

  • Que los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter; y que el programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.

Para llevar a cabo de manera eficiente estas actividades, la Secretaría de la Función Pública celebra un trabajo conjunto con los Órganos Estatales de Control y las Delegaciones Federales.

Estos rubros están enfocados a despertar el interés de los ciudadanos para participar en la vigilancia del quehacer gubernamental y provocar que los servidores públicos podamos incorporar la opinión ciudadana para la mejora de nuestros programas.

La ciudadanía, como ha sucedido en años anteriores, tendrá durante el proceso electoral a su disposición los mecanismos de transparencia establecidos para conocer, en plazos perentorios y de manera clara y explícita, la forma en que se están utilizando los recursos y tomando las decisiones en las instancias gubernamentales.

Por su parte, los funcionarios y servidores públicos sabrán que están expuestos al escrutinio ciudadano en todo momento y que deben actuar con total responsabilidad y transparencia, y responder  con absoluta veracidad a los cuestionamientos ciudadanos.

Sin duda, uno de los problemas recurrentes a los que nos enfrentaremos es el del apoyo que algunos servidores públicos podrían brindar a los partidos políticos, por falta de información, por ignorancia de las normas o con plena conciencia de la ilegalidad de su conducta.

Es en este sentido que quisiera mencionar que la Secretaría de la Función Pública ha puesto a disposición de los servidores públicos dos publicaciones que serán de gran valor en la tarea de prevención de los delitos electorales.

En primer término contamos con “El ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones”. Esta publicación fue conceptualizada no sólo como un documento informativo, sino como un instrumento de capacitación y de reflexión para los servidores públicos.

En ella se plantean casos prácticos para su análisis y discusión, también se describen conductas potencialmente irregulares calificadas como “focos rojos” en las que no  se debe  incurrir para no ser acreedor a una sanción.

El “ABC” también constituye un elemento muy importante para reforzar la acción de la contraloría social en la vigilancia de las acciones y los programas sociales.

No debemos olvidar que la democracia exige también que los ciudadanos hagan su parte, y se corresponsabilicen y contribuyan a su funcionamiento eficaz, mediante su intervención permanente, organizada e informada.

La acción de los beneficiarios en la supervisión de los  programas sociales es especialmente importante en las zonas de mayor marginación y con mayores carencias, ya que es donde existe mayor posibilidad de manipulación de los beneficios para coaccionar el voto.

En el “ABC”, los ciudadanos que participan en estos programas encontrarán información precisa sobre los delitos electorales, así como de los mecanismos de que disponen, especialmente los telefónicos, para presentar sus quejas, denuncias o propuestas sobre presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos.

Por otro lado, contamos con la publicación “Responsabilidades Administrativas y Elecciones. La legalidad como camino para la responsabilidad pública”, recién publicada en el año pasado.

Este prontuario busca arraigar entre el cuerpo de servidores públicos una plataforma de principios para que, en todo momento, desempeñen sus funciones en un marco de honestidad, eficacia, transparencia y estricto apego a la Ley.

Las preguntas, los casos y las reflexiones que propicia contribuyen a que el servidor público se desempeñe en todo momento, y especialmente en periodos electorales, bajo criterios de honestidad, imparcialidad, legalidad, rendición de cuentas y transparencia.

Esta orientación del servicio público, imprescindible en un régimen democrático que tiene a la ciudadanía como su eje de acción, hace énfasis en señalar con carácter preventivo las responsabilidades administrativas del servidor público, poniendo en segundo término el carácter sancionador o punitivo.

Hoy, más que nunca, es un imperativo asegurar que nuestro país cuente con un servicio público moderno, en quien el Estado pueda depositar su confianza, donde no haya margen para el despilfarro, la corrupción o la ineficiencia en el manejo de los recursos con que cuenta y que al final del día son de toda la sociedad.

Señoras y señores diputados:

La realización de los ideales democráticos sólo es posible en el ejercicio de una ética y una legalidad que propicie la generación de comportamientos de los actores sociales, congruentes con dichos ideales.

En esta tarea, todos tenemos un compromiso, un lugar, y una misión que cumplir.

La democracia en México requiere de elecciones equitativas, en las que todas las opciones políticas puedan presentarse ante los ciudadanos en igualdad de condiciones. 

La serie de medidas que he venido mencionando son un ejemplo de la determinación del gobierno federal de aplicar todo el peso de la ley --y sin excepciones-- a los servidores públicos que, abusando de las facultades que les confiere su cargo, utilicen los recursos del Estado para desviar sus fines hacia propósitos partidarios.

No vamos a permitir que se vulnere la construcción de nuestra democracia, por la actitud irresponsable de quienes esquivan la ley desde el servicio público, para favorecer sus intereses político-electorales.

En torno a este imperativo democrático, el gobierno federal asume el compromiso de ofrecer certidumbre y confianza a la ciudadanía de que se actúa con disciplina, que los recursos se utilizan de manera racional y eficiente, pero sobre todo, que los recursos públicos se destinan efectivamente a los programas gubernamentales y, por tanto, se invierten en sus legítimos destinatarios.

Y de provocar que las instituciones públicas, federales y locales se ajusten estricta e invariablemente a los principios éticos, a las normas vigentes y a las obligaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Estas tareas ya se están llevando a cabo en alianza y con la corresponsabilidad de los diversos actores sociales. Y en el espíritu que hoy nos convoca, se enriquecen y fortalecen mediante la colaboración entre los Poderes de la Unión y entre los distintos órdenes de gobierno.

Quedo a las órdenes de esta soberanía para responder a sus planteamientos y dudas, ampliarles la información o realizar las explicaciones que ustedes requieran sobre el tema de nuestra reunión.

Muchas gracias.

 

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